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Guanajuato, Gto., 08 de julio de 2026.– Con el objetivo de brindar mayor certeza jurídica, fortalecer la protección de las y los estudiantes y simplificar los trámites para quienes ofrecen servicios educativos particulares, la Secretaría de Educación del Estado implementa el nuevo Reglamento para impartir educación por las Instituciones Educativas Particulares en los tipos básico y medio superior, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato y vigente desde el 5 de febrero del año en curso.
La actualización normativa responde a las necesidades actuales del sistema educativo y coloca en el centro el bienestar de las niñas, niños y adolescentes, al incorporar mecanismos que fortalecen la seguridad escolar, la transparencia, el uso de herramientas digitales y la eficiencia administrativa.
Entre los principales beneficios para la ciudadanía destaca una mayor protección para las y los estudiantes, al establecer como requisito obligatorio que las instituciones educativas particulares cuenten con una póliza de seguro de cobertura amplia que ampare a las y los alumnos, así como al personal docente, administrativo y de apoyo. A ello se suma el fortalecimiento de las condiciones de seguridad en los planteles mediante requisitos más estrictos en materia de infraestructura, dictámenes técnicos y análisis de riesgos, con el propósito de garantizar espacios adecuados para el desarrollo de las actividades educativas.
El nuevo reglamento también fortalece la prevención y atención de la violencia escolar al hacer obligatoria la implementación de protocolos para atender casos de acoso, maltrato, discriminación y cualquier otra forma de violencia, privilegiando en todo momento el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, moderniza la gestión administrativa mediante la incorporación gradual de medios electrónicos, firma electrónica y procesos digitales que permitirán agilizar los trámites, reducir tiempos de respuesta y disminuir la carga administrativa para las instituciones.
De igual manera, la nueva normatividad brinda mayor transparencia y certeza jurídica al establecer con claridad las etapas y requisitos para la obtención de autorizaciones, refrendos, actualizaciones y cambios de titularidad de las instituciones educativas particulares. Finalmente, fortalece las acciones de vigilancia mediante un esquema de supervisión que combina visitas presenciales con revisiones apoyadas en herramientas tecnológicas, lo que permitirá ampliar el alcance de la supervisión y verificar de manera más eficiente el cumplimiento de la normatividad en beneficio de la comunidad educativa.
El nuevo reglamento también establece procedimientos más claros para la atención de quejas e inconformidades, actualizaciones administrativas y procesos disciplinarios, lo que brinda mayor confianza a madres, padres de familia, estudiantes y a las propias instituciones educativas.
Asimismo, incorpora un enfoque de derechos humanos e interés superior de la niñez como eje transversal de todas las actuaciones de las instituciones educativas particulares, garantizando que los servicios educativos se desarrollen en entornos seguros, inclusivos y libres de violencia.
Para facilitar la implementación de estas disposiciones, la Secretaría de Educación mantiene un proceso permanente de acompañamiento con las instituciones educativas particulares a través de mesas de trabajo, en las que se brinda orientación sobre los nuevos procedimientos, se resuelven dudas y se promueve una transición ordenada hacia el nuevo marco normativo. Con estas acciones, se busca que las escuelas cuenten con las herramientas necesarias para cumplir oportunamente con las nuevas disposiciones, privilegiando siempre la calidad del servicio educativo y la protección de las y los estudiantes.
Con estas acciones, la Secretaría de Educación reafirma su compromiso de impulsar una regulación moderna, transparente y eficiente que facilite el cumplimiento de la normatividad por parte de las instituciones educativas particulares, al tiempo que fortalece la calidad educativa y protege los derechos de las y los estudiantes de Guanajuato.
