Ciudad de México.(26/08/2026).-En vísperas del arranque Ciclo Escolar 2026-2027, la Alianza de Maestros advirtió que ante el panorama educativo que enfrenta el País, el regreso a clases no puede ser visto como un simple trámite administrativo o un festejo de calendario.
Al emitir su postura a cinco días del reinicio de actividades en los centros educativos, la Alianza asegura que “Nos encontramos en un momento crítico de emergencia educativa nacional. La realidad de las escuelas públicas en el país demuestra que los problemas estructurales e institucionales están superando las capacidades del sistema actual, afectando gravemente los derechos fundamentales de la niñez y despojando a los docentes de las herramientas pedagógicas esenciales”.
Para comprender la dimensión de la crisis, cita la agrupación, resulta fundamental analizar los datos duros, como el rezago educativo que es un problema persistente que, de acuerdo con el CONEVAL, afecta al 19.2% de la población nacional, lo que equivale a 24.4 millones de mexicanos que carecen del nivel de educación básica obligatoria para su edad.
Además, la propia Secretaría de Educación Pública reconoció que prácticamente la mitad de los estudiantes de educación básica (47.4% en primaria y 47.9% en secundaria) arrastra una pérdida de aprendizaje considerada de alta a muy alta.
A este escenario se suma el alarmante despunte de la violencia escolar.
Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) elaborada por el INEGI, el 28% de los estudiantes de entre 12 y 17 años (aproximadamente 3.3 millones de adolescentes) declararon haber sido víctimas de acoso escolar o bullying en el último año. Así México ocupa el vergonzoso primer lugar mundial absoluto en casos de acoso escolar, conforme a reportes de la OCDE, con un incremento desmedido del 205% en las denuncias e informes de violencia escolar en los últimos cinco años, concentrándose la mayor gravedad en los planteles de secundaria (45% de los incidentes) y primaria (27% de los casos).
En un comunicado de prensa, la Alianza d Maestros subraya que “el debate de la modernización educativa mexicana insiste en colocar la Inteligencia Artificial (IA) y la digitalización como prioridades de la agenda pública. Sin embargo, desde la perspectiva de la Alianza de Maestros, esto constituye una quimera que ignora las precarias condiciones físicas del sistema. Un reporte del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) publicado en 2026 revela datos desalentadores: una de cada cinco escuelas de educación básica en el país carece por completo de energía eléctrica (20%); el 30% no cuenta con agua potable garantizada y el 64% de los planteles públicos carecen de conexión a internet. La brecha digital no es sólo la falta de dispositivos móviles en las manos de los estudiantes, sino la carencia de la infraestructura básica que permite encenderlos. ¿Cómo podemos hablar de preparar a nuestros niños para competir en la era de la inteligencia digital cuando millones asisten a escuelas sin luz, sin sanitarios dignos y sin acceso a un vaso de agua limpia?
Adicionalmente, según datos validados por Mexicanos Primero, más de 127 mil escuelas no tienen siquiera una computadora de uso pedagógico para el aprendizaje, y más de 168 mil operan en la desconexión total de la red. Este rezago tecnológico y de servicios básicos incide directamente en los resultados de aprendizaje medidos en pruebas estandarizadas internacionales como PISA, donde se confirma que 2 de cada 3 estudiantes mexicanos de 15 años no pueden aplicar operaciones matemáticas básicas a su vida diaria, y la mitad es incapaz de comprender a cabalidad lo que lee.
Por esa razón, la agrupación consideró que “como educadores, manifestamos nuestra más profunda preocupación frente a las políticas de evaluación que el Gobierno Federal ha implementado y que, lamentablemente, han sido blindadas en el ámbito judicial. En mayo de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó por unanimidad la constitucionalidad del Acuerdo de Evaluación 10/09/23 emitido por la SEP. Bajo el argumento de priorizar el libre desarrollo de la personalidad y evitar la exclusión escolar, este marco legal establece cambios de fondo que atentan directamente contra la excelencia académica y la disciplina en las aulas. En primer término, el acuerdo anula el requisito histórico del 80% de asistencia obligatoria para acreditar las asignaturas de educación básica, lo que significa que la inasistencia ya no es una condicionante de acreditación y su registro es de carácter puramente informativo. En segundo término, prohíbe de facto la reprobación en el nivel preescolar y en el primer grado de primaria, acreditando el año de forma automática con el solo hecho de haber estado matriculado”.
Critica que con esta política “se envía un mensaje sumamente destructivo a las familias y a los propios alumnos: no importa si asistes o no a las clases, no importa el empeño, la dedicación o si lograste adquirir los aprendizajes esenciales de lectoescritura; la promoción de grado está asegurada. Para los docentes en las aulas, esta disposición representa una profunda herida a su autoridad profesional y pedagógica. Despojar al maestro de la capacidad de evaluar con rigor y de retener de forma justa a un estudiante que no posee las bases necesarias para cursar el siguiente nivel no es un acto de inclusión social, sino una condena al fracaso permanente en su desarrollo futuro. Al flexibilizar los criterios hasta volverlos inexistentes, la SEP y los tribunales están institucionalizando el analfabetismo funcional y engañando a las familias sobre el nivel real de aprendizaje de sus hijos”.
