Guanajuato.(25/11/2025).-Tras la aceptación de parte de la Fiscalía General del Estado de haber sido víctima de la ciber-delincuencia a través de un hackeo a su sistema informático en un nivel sumamente bajo, el presidente y fundador de la organización “Ciudadanos Hartos, Roberto Saucedo Pimentel, consideró necesaria la aplicación de una sanción severa al titular de esa institución, Gerardo Vázquez Alatriste, por haber mentido a la sociedad guanajuatense al negar reiteradamente el hecho.
“Aquí lo grave, es que cuando se habló sobre la afectación al servicio, el primer pronunciamiento de la Fiscalía fue negar la existencia de un hackeo de forma tajante y utilizaron la excusa de que era un mantenimiento preventivo, y hace tres días la Fiscalía reconoce que sí era un hackeo, o sea que realmente nos estuvo mintiendo (el fiscal)”, dijo el también integrante de la Asociación de Abogados Independientes de Guanajuato.
Bajo esa premisa, y luego de las polémicas que ha generado el fiscal durante los nueve meses que lleva en el cargo, el activista estimó que ya es momento de que la gobernadora asuma su responsabilidad y aplique las sanciones correspondientes a Vázquez Alatriste, “ella tiene la facultad, incluso, de removerlo por una causa grave, y aquí es una causa grave”.
Sin embargo, reconoció que este escenario es prácticamente improbable, bajo la tesis de que la mandataria construyó un pacto de impunidad con el fiscal, y así lo explicó, “porque el día de ayer, justo cuando se reconoce que hubo hackeo, se les ocurre en la Fiscalía hacer un evento magno, que fue una puesta en escena, fue un circo, y allí estuvo la gobernadora, que no ha dicho nada del hackeo, eso también está mal porque ella lo puso (a Gerardo Vázquez), y allí también estuvo el ejército y la Fiscalía General de la República, para ver la quema de indicios y productos del delito, es decir, nos vendió ayer humo para que se nos olviden los temas importantes”.
Pero en caso de que la gobernadora no tome la decisión de actuar, agregó Saucedo Pimentel, las fuerzas políticas representadas en el Congreso Local están obligadas a intervenir, a emitir un exhorto a la gobernadora para que se investigue el comportamiento del fiscal, ya que resulta inviable que el órgano interno de la Fiscalía inicie una averiguación en contra de quien está al frente de esa institución.
