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Arremete Ambientalista por desinterés del gobierno por evitar se agudice la crisis hídrica

por Punto y Aparte Radio

Foto: El Sol de México

Guanajuato.(31/03/2025).-La Asociación Ambientalista “México, Comunicación y Ambiente” acusó a los tres niveles de gobierno de ser indolentes ante los problemas que enfrenta el País y el estado de Guanajuato en materia ambiental, y de manera especial criticó el desinterés por resolver la crisis hídrica que amenaza con agravarse en este año, a causa de las escasas lluvias.

En voz de su presidente y fundador, Carlos Álvarez Flores, la agrupación advirtió que de no emprender acciones inmediatas para el saneamiento y la protección de ríos, canales y arroyos, el escenario será cada vez más complicado y preocupante.

Recordó que en el arranque de su gobierno, la presidenta, Claudia Sheimbaun, se comprometió a sanear el río Lerma, el río Tula y el río Atoyac, “que probablemente sean los tres Ríos más contaminados, no solamente de Mexico, seguramente del mundo”, y a la fecha no ha pasado nada.

Aseguró que la irresponsabilidad de la industria y la falta de compromiso de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) por atender la problemática, ha ocasionado que la gran mayoría de las cuencas hidrológicas están “tremendamente contaminados por 345 mil empresarios que realizan todas las actividades económicas” y que frecuentemente utilizan los ríos para el descargue de sus aguas residuales.

A todo esto, añadió el activista, “habrá que sumar los más de 130 millones de mexicanos que somos, que vertimos todos los residuos de nuestras actividades diarias al drenaje, no solamente nuestras excretas, vertimos cientos de sustancias químicas que usamos en casa”.

Por esa razón, subrayó la necesidad de proteger los cuerpos de agua a través de la construcción de plantas de tratamiento y de obligar a los empresarios a cumplir con los lineamientos y dejar de descargar sus aguas residuales en los ríos y arroyos, “porque hasta ahora la legislación en materia ambiental es letra muerta”, aún y cuando otorga a la autoridad las herramientas legales para responsabilizar a los industriales del tratamiento de sus aguas, cosa que no ocurre.

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