Guanajuato.(11/02/2026).-Ante la actitud de indolencia adoptada por la Fiscalía General del Estado para llevar ante la justicia a ocho integrantes de la Agencia de Investigación Criminal por el homicidio de una menor de 8 años, por la tentativa d homicidio en contra de su hermana de 6, y por el delito de tortura en contra del padre de ambas menores, la familia de las víctimas analiza la posibilidad de solicitar la intervención de la Fiscalía General de la República para que analice la posibilidad de atraer el expediente y que el caso no quede en la impunidad.
Y es que aunque el expediente reúne todos los elementos de prueba para solicitar la vinculación a proceso de todos los agentes involucrados, la FGE ha protegido a los señalados y los ha mantenido en funciones, portando sus respectivas armas, sin considerar el riesgo que representan para la sociedad.
Al exponer lo anterior, el abogado de la familia Pérez Almanza, Pablo González Sierra, reiteró que el expediente reúne todos los elementos para procesar a los agentes por el delito de feminicidio en contra de Alana, y por la tentativa de feminicidio en contra de su hermanita, al no cumplir con lo dispuesto en la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza y quebrantar el protocolo de actuación de los integrantes de las instituciones policiales del estado para el uso de la fuerza en ese tipo de intervenciones.
Recordó que el hecho ocurrió la mañana del 11 de marzo del año pasado en una de las avenidas de mayor flujo vehicular en la ciudad de San Miguel de Allende.
Ese día, Alan Pérez Jacinto llevaba a su hijas a la escuela, cuando se le emparejaron dos unidades con vidrios polarizados, y sin ningún tipo de insignia, para ordenarle que se detuviera.
Temeroso de que se tratara de un asalto, o de un intento de secuestro, el hombre no se detuvo y su escolta hizo uso de su arma de fuego, como una forma, según el abogado, de inhibir un ataque en contra de su empleador, quien había recibido una serie de amenazas.
Al momento de la reacción del guardaespaldas, agentes que seguían por detrás el vehículo de Alan empezaron a disparar, hiriendo de inmediato a Alana.
Ante la gravedad de la herida, el padre tuvo que parar para ser detenido por los agentes ministeriales en cumplimiento a una orden de aprehensión, en un procedimiento totalmente inadecuado, de acuerdo a los elementos de prueba reunidos por el abogado.
A partir de entonces, la familia de Alana ha exigido castigo para los responsables, al actuar de manera negligente, imprudente e irresponsable, al tratar de cumplimentar una orden de aprehensión en vehículos sin rótulos visibles, con vidrios totalmente polarizados y con agentes sin uniformes y evidentemente desaseados.
Y aunque el expediente está más que completo, según González Sierra, la familia de Alana ha encontrado una cerrazón por parte de la Fiscalía y de su titular, Gerardo Vázquez Alatriste, quien se ha negado a recibirlos, pese a que en diciembre la Procuraduría de Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato emitió una recomendación a la Fiscalía, luego de hacer una investigación del caso, recomendación que finalmente fue rechazada.
