Celaya, Gto. (20/8/2026).- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato, a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto, obtuvo la vinculación a proceso de dos hombres señalados como probables responsables de extorsionar a propietarios de negocios en Celaya.
En ambos casos, las denuncias permitieron activar de inmediato las investigaciones y poner en marcha acciones de inteligencia y campo para identificar, ubicar y detener a los presuntos responsables.
Uno de los casos corresponde a Juan Alejandro, quien enfrenta un proceso penal por el delito de extorsión agravada en grado de tentativa.
La investigación comenzó luego de que el propietario de un negocio de comida denunciara que recibió una amenaza para obligarlo a comunicarse con integrantes de un supuesto grupo delictivo, además de haber sido agredido físicamente por uno de los sujetos que acudieron a su establecimiento.
A partir de la denuncia, el personal especializado de la UECSE inició los actos de investigación correspondientes y reunió información que permitió establecer la identidad del probable responsable.
Con estos elementos, el Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada en la ciudad de Querétaro.
Posteriormente, el detenido fue trasladado a Guanajuato y presentado ante un juez de control, quien resolvió vincularlo a proceso por extorsión agravada tentada y le impuso prisión preventiva oficiosa mientras continúa el procedimiento penal.
La investigación también permitió incorporar a esta causa información relacionada con otros hechos posiblemente vinculados, por lo que los agentes ministeriales continúan con el análisis de diversos indicios con el objetivo de fortalecer la investigación y determinar si existen más personas involucradas.
En un segundo caso, la Fiscalía obtuvo la vinculación a proceso de Jorge, señalado como probable responsable del delito de extorsión agravada en agravio del propietario de un establecimiento de comida.
De acuerdo con la investigación, desde marzo de 2021 la víctima comenzó a recibir exigencias económicas bajo amenazas.
