Guanajuato, Gto., 26 de marzo de 2026.— Con el objetivo de hacer más eficaz la búsqueda de personas desaparecidas, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en el congreso local, aprobó un dictamen que reforma la ley estatal en la materia, impulsado por legisladores del PAN y PRD.
La iniciativa busca fortalecer los mecanismos de localización, mejorar la coordinación entre autoridades y, sobre todo, garantizar un trato digno a las familias que enfrentan esta situación.
Entre los cambios más relevantes destaca la activación inmediata y simultánea de alertas en aeropuertos, centrales de autobuses y bancos tras un reporte de desaparición, con el fin de evitar la salida del país o el uso de recursos financieros por parte de la persona buscada.
Además, se establece la vinculación del Registro Nacional de Población (Renapo) con los procesos de búsqueda, utilizando la CURP y datos biométricos para facilitar la identificación tanto de personas localizadas como de cuerpos no identificados.
La diputada Susana Bermúdez subrayó que esta reforma tiene como eje central dignificar el proceso de búsqueda y dotar a las instituciones de herramientas más eficaces.
“Nuestra finalidad es optimizar el funcionamiento de las instituciones y agilizar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno”, señaló.
Por su parte, la legisladora María Isabel Ortiz Mantilla destacó que la propuesta incorpora principios internacionales en materia de derechos humanos, alineados con estándares de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como la presunción de vida y el respeto irrestricto a la dignidad humana.
“Se trata de adoptar las mejores prácticas internacionales para proteger a las víctimas y garantizar el derecho a la verdad y a la búsqueda”, afirmó.
Las autoridades reconocieron que, aunque Guanajuato ha avanzado en la atención del fenómeno de desaparición, es indispensable mantener actualizado el marco legal para responder a la realidad actual.
Con esta reforma, el estado busca no solo mejorar la eficacia institucional, sino también colocar en el centro a las víctimas y sus familias, en un contexto donde la exigencia de justicia y verdad sigue siendo una prioridad social.
