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Guanajuato, Gto., a 28 de marzo de 2025.- Con el propósito de que se garantice la elegibilidad de las y los candidatos a los cargos de magistrados de circuito y jueces de distrito para el proceso electoral extraordinario de 2025, el Congreso local aprobó el punto de acuerdo, formulado por las y los diputados del PAN y PRD, y que está dirigido al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).
La legisladora Susana Bermúdez Cano detalló que un particular solicitó información al Poder Legislativo del Estado, vía acceso a la información pública, sobre una de las personas candidatas al cargo de magistrado para el Décimo Sexto Circuito, con sede en Guanajuato, el cual estuvo sujeto a proceso penal por el delito de fraude específico en agravio del Congreso de Guanajuato.
Por consiguiente, señaló que es preciso realizar el exhorto al INE para que, en el contexto de sus atribuciones, brinde a la ciudadanía la certeza de que quienes participan cumplen con los requisitos constitucionales para dichos cargos.
“Debemos tener en cuenta que las autoridades encargadas de la organización y desarrollo en este proceso electoral que transformará al Poder Judicial como lo conocemos ahora tienen el deber de garantizar que, durante las etapas del proceso electoral, inspiren confianza para lograr su legitimidad”, apuntó.
También señaló que el Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal incumplió con su mandato constitucional, ya que incluyó en la lista de personas aspirantes como idóneas a aquellos que no cumplen a cabalidad con los requisitos, como es gozar de buena reputación, honestidad y buena fama.
Bermúdez Cano dijo que “la ciudadanía no merece impartidores de justicia corruptos que no cumplan con los requisitos constitucionales como el de gozar de buena reputación, honestidad y buena fama pública, o personas de quienes se dice que, en lugar de velar por la justicia, en el ejercicio del cargo manipularán la aplicación de la ley para su propio beneficio”.
“Como representantes populares no podemos permitir que personas sin las calidades mínimas sean los responsables de impartir justicia en Guanajuato, en detrimento de la prestación del servicio público de impartición de justicia y en perjuicio directo de los justiciables”, finalizó.
