Guanajuato.(05/10/2024).-El presidente y fundador de la organización civil “Ciudadanos Hartos”, Roberto Saucedo Pimentel, llamó a los integrantes del Congreso Local a revisar con detenimiento la iniciativa presentada por el grupo parlamentario del PRI tendiente a reformular el tipo penal de terrorismo e incrementar las sanciones en contra de quienes incurran en ese delito, ante el riesgo de que la protesta social pueda llegar a ser confundida con terrorismo.
El llamado surge a partir de la presentación del documento que contempla reformas al artículo 245 del Código Penal del Estado de Guanajuato, en el que también se plantea agregar las amenazas y el encubrimiento en actos que tienden a generar terror en la población.
Y es que para Saucedo Pimentel, resulta importante y elemental tomar en cuenta a los juristas de la entidad y sobretodo que legisladoras y legisladores sean sumamente específicos al plasmar qué es o en qué condiciones se puede encuadrar el hecho como un acto de terrorismo.
“No irnos por las explosiones de los carros bomba (en Acámbaro y Jerécuaro), ¿si urge atender el tema?, sí, nada más que también en la redacción tenemos que tener mucho cuidado para que no sea una norma draconiana y el día de mañana tengamos gente inocente pagando por un delito que no lo es”, explicó el activista y estudioso del derecho.
Recordó el caso ocurrido en el año 2019 en Cuerámaro donde 2 mujeres y 18 hombre fueron vinculados a proceso, luego de ser acusados por terrorismo y daños en propiedad privada, a partir de protestas causadas tras la muerte de cuatro menores de edad, luego de ser atropelladas por otro joven que conducía en estado de ebriedad.
Durante la protesta, los casi mil manifestante, generaron algunos daños en la casa de la alcaldesa, Ana Bueno, al igual que en el inmueble que habitaba la familia del presunto responsable.
Estos hechos, expuso Saucedo Pimentel, fueron considerados como terrorismo por la Fiscalía General del Estado a cargo de Carlos Zamarripa, bajo el argumento de afectar la paz pública.
Bajo es premisa, consideró necesario que la iniciativa sea llevada a consulta y que no sea un reducido grupo el que determine las condiciones en que un acto puede ser calificado de terrorismo.
