Valle de Santiago, Gto.–(10/septiembre/2025).- El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED) instruyó al gobierno mexicano a emprender medidas urgentes para localizar a José Juan Arias Solís, un joven de 14 años desaparecido el pasado 19 de junio en este municipio guanajuatense.
De acuerdo con el organismo internacional, el caso debe ser investigado bajo la hipótesis de desaparición forzada, debido a la participación de elementos de la Guardia Nacional y el Ejército en el operativo en que el menor fue visto por última vez. El padre del adolescente declaró haber presenciado cómo tres hombres con uniforme militar golpearon y se llevaron por la fuerza a su hijo, en un despliegue solicitado por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.
Llamado internacional
El Comité CED estableció como plazo el 23 de septiembre de 2025 para que las autoridades mexicanas informen de acciones concretas en la búsqueda. La ONU subrayó que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) no ha realizado medidas esenciales, pese a la activación de la Alerta Amber y a las exigencias de la familia.
Entre las medidas solicitadas destacan:
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Iniciar una investigación exhaustiva e imparcial, con perspectiva de infancia.
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Interrogar a mandos y agentes que participaron en el operativo militar y de la fiscalía, además de entregar los registros de videovigilancia que aún no se han liberado.
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Analizar información telefónica de la víctima y funcionarios para rastrear posibles ubicaciones.
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Adoptar medidas cautelares para proteger a los padres del adolescente, quienes han denunciado amenazas e intimidaciones.
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Garantizar la participación de la familia en el proceso de búsqueda e investigación.
Contexto nacional
El caso de José Juan llegó hasta la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 11 de julio, donde la mandataria se comprometió a dar seguimiento e investigar.
En su comunicado, la ONU enfatizó que esta desaparición no debe analizarse de manera aislada, sino dentro de un contexto más amplio: la militarización de la seguridad pública en México, reforzada tras la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). El Comité advirtió que este escenario favorece condiciones para violaciones graves a los derechos humanos.
