Pénjamo, Gto. (1/6/2026).- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato obtuvo una sentencia condenatoria de 96 años, 10 meses y 15 días de prisión en contra de Juan Luis, tras acreditar plenamente su responsabilidad en los delitos de desaparición cometida por particulares en agravio de una niña, así como privación de la libertad y violación en perjuicio de la madre de la menor.
Esta resolución representa un acto de justicia para las víctimas y un mensaje contundente de que los delitos que vulneran la integridad, la libertad y la dignidad de las personas serán investigados y perseguidos hasta sus últimas consecuencias.
La investigación permitió establecer que, a principios de febrero del 2022, una mujer y su hija menor de edad se trasladaron a vivir a un domicilio en el municipio de Pénjamo, donde vivía el agresor.
Posteriormente, el 18 de abril del 2022, la niña fue víctima de una agresión por parte del ahora sentenciado, quien posteriormente ocultó lo ocurrido y construyó una versión falsa para aparentar que la menor había sido privada de la libertad por terceros.
Las indagatorias revelaron un contexto de violencia prolongada. Durante más de un año, la madre de la menor permaneció sometida a condiciones que restringieron su libertad de movimiento y comunicación, siendo víctima de agresiones físicas, psicológicas y sexuales.
Fue hasta el 10 de agosto del 2023 cuando logró escapar y pedir ayuda a sus familiares. Su testimonio, sumado al trabajo especializado de agentes de investigación, analistas, peritos y personal ministerial, permitió reconstruir los hechos, fortalecer las líneas de investigación y reunir las pruebas necesarias para llevar el caso ante los tribunales.
Tras el desahogo del proceso penal, la autoridad judicial emitió una sentencia condenatoria que impone: 46 años, 10 meses y 15 días de prisión por el delito de desaparición cometida por particulares, más 12 años de prisión por el delito de privación de la libertad y 38 años de prisión por el delito de violación.
Además, se condenó al responsable al pago de multas y a la reparación integral del daño en favor de las víctimas.
