Pénjamo, Gto.(24/06/2025).-El Colectivo Mirinda expresó su enérgico rechazo a la decisión de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Guanajuato, que postergó hasta septiembre la discusión de las iniciativas sobre matrimonio igualitario y la prohibición de los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG).
En lo que calificaron como “una clara evasión al compromiso con los derechos humanos”, los activistas denunciaron que esta postergación obedece a intereses políticos y morales, y no al verdadero análisis legislativo. Recordaron que el actual periodo legislativo está por concluir, lo que podría llevar nuevamente estas reformas a la “congeladora legislativa”.
Luis Valle, regidor del Ayuntamiento de Pénjamo e integrante del colectivo, lamentó la falta de voluntad política por parte de la mayoría panista en el Congreso:
“Hoy vemos cómo el PAN vuelve a postergar los derechos de miles de personas. No hay justificación válida para seguir aplazando algo que ya ha sido respaldado por la Suprema Corte de Justicia. La igualdad no puede esperar”.
Valle, quien forma parte de la fracción panista por acción afirmativa de la diversidad, hizo un llamado directo a los congresistas:
“Si de verdad decimos estar a favor de los derechos humanos, hay que demostrarlo con hechos, no con simulaciones. Es momento de dejar de ver los derechos de la comunidad LGBTIQ+ como moneda política”.
Por su parte, Marco Antonio Gutiérrez Valadez, presidente del Colectivo Mirinda, señaló que esta decisión vulnera no solo la dignidad de las personas diversas, sino también el principio de igualdad ante la ley, consagrado en tratados internacionales y en criterios vinculantes emitidos por el Poder Judicial de la Federación:
“En Guanajuato no hay nada que curar. Lo que urge es legislar con justicia y dejar de condicionar nuestros derechos a los tiempos electorales o a visiones conservadoras. Quienes hoy callan o se abstienen, también son responsables”.
El colectivo recordó que desde 2015, la Suprema Corte de Justicia ha establecido jurisprudencia que declara inconstitucional cualquier norma que limite el matrimonio a la unión entre hombre y mujer, además de haber considerado los ECOSIG como prácticas que violan derechos fundamentales y representan actos de tortura.
Ante este escenario, las organizaciones exigieron al Congreso del Estado calendarizar de forma prioritaria la discusión de ambas iniciativas al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones en septiembre, y convocaron a la ciudadanía a mantenerse informada y activa en la defensa de los derechos humanos.
