Irapuato, Gto.(26/08/2024).-Luego de los atentados en contra de dos céntricas joyerías que dejaron como saldo cuatro personas muertas y al menos cuatro lesionadas, el Observatorio Ciudadano Irapuato ¿Cómo Vamos? llamó a los secretarios de seguridad pública de los municipios cercanos a Celaya, a emprender medidas preventivas ante el riego de que el nivel de inseguridad y violencia que enfrenta esa localidad se pueda generalizar en la región.
En entrevista con “Punto y Aparte”, el director del organismo, Raúl Calvillo, dijo que “es lamentable lo que está sucediendo en el vecino municipio y hay que empezar a visualizar esto como algo que pudiera, en un momento, ocurrir en algún otro municipio, esto, obviamente, a los secretarios y directores de seguridad pública tiene que obligarlos a la coordinación con la Fiscalía y las instancias nacionales, en este caso con la Guardia Nacional y el Ejército, para ver si este fenómeno delictivo, ese delito que se está dando en esos momentos (extorsión o cobro de piso), pudiera migrarse a otros municipios”.
Y aunque reconoció que la extorsión ha crecido en otros municipios del corredor industrial, el director del OC, expuso que “es lamentable que ese delito, en específico, no nos dice realmente la magnitud de lo que estamos viviendo, porque desafortunadamente esto llega a ser minimizado por parte de las autoridades locales, al momento de que voltean a ver las cifras oficiales y ven que existen dos o tres, o hasta cuatro carpetas de investigación, no le dan mucha importancia al problema”.
No obstante, consideró que la denuncia ciudadana habrá de ser determinante para frenar el ingreso de grupos delictivos, “aunque se tiene que valorar que lo primero es nuestra seguridad y a partir de allí, el hecho de trabajar con la parte de la autoridad, a través de los canales de denuncias anónimas, se pueden alcanzar buenos resultados”.
De esta manera, agregó, se podrá visibilizar un delito que está creciendo significativa y que la denuncia es la única forma de proteger el patrimonio familiar y de obligar a las autoridades a emprender acciones en contra de los grupos dedicados a la extorsión.
